Siempre nos quedará Estrasburgo

Verdad es que esta Europa sólo nos da disgustos: las vergonzosas políticas migratorias que tanta muerte y sufrimiento están causando; las de austeridad que nos han llevado a cotas de desigualdad y pobreza intolerables; el ascenso de los partidos de ultraderecha, cuyo mensaje de odio y discriminación están comprando los grandes partidos del sistema; etc.… etc.

Pero de vez en cuando de Europa nos llega alguna alegría. Es el caso de la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a España por violar la libertad de expresión de dos jóvenes que en 2007 quemaron fotos de los reyes en Girona

Sin ser jurista es fácil entender que no todos los casos son iguales ni se les puede aplicar los mismos criterios jurídicos.  Pero creo que nuestros jueces deberían fotocopiar esta sentencia y echársela en la cartera antes de dictar otras como la de Girona. Igual que deberían fotocopiar la sentencia que también condena a España por torturas en el caso de los terroristas Igor PortuMartín Sarasola, que no fueron ni amparados por el Tribunal Constitucional.

También debían fotocopiarla los políticos del PSOE, PP y Ciudadanos, que acaban de votar en contra de retirar del Código Penal el delito medieval de ofensas al Rey, cuya existencia critica precisamente el TEDH. O que no tramitan la eliminación del obsoleto delito de enaltecimiento del terrorismo.

Cierto es que la ley mordaza ha supuesto un enorme retroceso de los derechos civiles, empezando y muy especialmente por la libertad de expresión o de manifestación (valga el ejemplo de los 40.000 euros que llevan acumulados los vecinos de Murcia en multas por manifestarse contra las vías del AVE). Cierto que tenemos un ministerio fiscal empeñado en perseguir a tuiteros y a cualquiera que se exprese produciéndoles disgusto o incomodidad: a ellos mismos o a quienes les nombraron o con quienes comulgan los domingos.

Pero todas estas sentencias, muchas de ellas corregidas por el TEDH, no serían posibles sin que existan jueces que no juzgan desde los estrictos criterios de las leyes o empleando un poco de sentido común. Juzgan aplicando su ideología profundamente conservadora, con criterios políticos o desde estrictos códigos morales reaccionarios, en muchos casos sobrepasando lo que dice la propia ley. Y espero que por decir esto no me caiga un puro. Pero con puro o sin puro estoy convenido como muchos que hay una flagrante diferencia de trato judicial “en función de criterios políticos, sociales o ideológicos”.

Es verdad que hay un exalcalde filo fascista del PP que denuncia el libro Fariñas tres años después de ser publicado. Pero es una jueza la que ordena su retirada de las bibliotecas volviendo a la más negra censura franquista. Es un juez quien, contra toda lógica jurídica y democrática, encierra a unos titiriteros. Es una jueza la que condena a la revista Mongolia a 40.000 euros por dañar el honor a Ortega Cano, incapaz de distinguir el humor de la realidad o diferenciar entre una calumnia o el ejercicio sarcástico de la libertad de expresión. Son unos jueces los que estiran la ley y la interpretan ideológicamente cuando condenan a la tuitera Casandra, al cantante de Def con Dos, a Cesar Strawberry, o al rapero Pablo Hasel. Es un juez quien de forma ridícula condena a pagar una multa de 480 euros a Daniel por publicar un fotomontaje de un Cristo con su cara. Es otro juez quien condena a miles de personas por hacer una pitada al Rey en un partido de fútbol. Es un juez, Llarena, quien hace se dedica a la política en vez de a la justicia e impide acudir al Parlamento a Jordi Sánchez, en un auto que el catedrático Javier Pérez Royo considera prevaricación…

“Las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a periodistas, artistas y usuarios de redes sociales han crecido exponencialmente, desde una sola condena en 2011, a 15 en 2012, 7 en 2013 y 12 en 2014” -denuncia Amnistía Internacional-. “Pero -continúa- desde 2015, coincidiendo con la ‘Ley Mordaza’, esa cifra se ha disparado, para pasar de las 18 personas que este tribunal condenó ese año a las 31 del pasado, aunque el máximo se produjo en 2016 con un total de 35 condenas”.

Es la consecuencia lógica del control del poder judicial que mantiene el PP, su capacidad para influir y mandar sobre los nombramientos de jueces, llenando toda la judicatura de jueces extremadamente conservadores incluso abiertamente reaccionarios especialmente en los puestos claves. Eso sin contar el endogámico y elitista sistema de acceso a la carrera judicial y de promoción dentro de la misma.

La libertad de expresión en España está ya al nivel de Turquía. Cualquier crítica puede ser objeto de querella si un juzgado la admite. Y hay muchos jueces encantados de hacerlo. Da la impresión de que los muchos jueces progresistas o simplemente justos están en minoría o no tienen apenas capacidad de influencia.

Naturalmente a ningún de estos jueces se les puede criticar muy abiertamente y cantarle cuatro verdades, porque te arriesgas a ir al trullo del tirón.

Dura tarea le queda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, revisando condenas españolas injustas y violentadoras de los derechos humanos. Por eso, al menos… siempre nos quedará Estrasburgo. Y, sobre todo, espero, tengo la esperanza, que también nos quede la reacción, la protesta y la movilización ciudadana

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