Derechos Humanos y exclusión social en Andalucía

2010, 9 de mayo. Intervención en Jornadas Cívicas Europeas. Málaga.
La APDHA es miembro de la Asociación Europea de Derechos Humanos. Somos una modesta asociación centrada como su nombre indica en la defensa de los derechos humanos y la denuncia de sus violaciones. Pero no nos situamos en esa defensa de cualquier manera, de forma abstracta. Damos una extraordinaria importancia a los Derechos Económicos Sociales y Culturales. Desde nuestra fundación hace ya veinte años, nuestra opción ha sido la defensa de los excluidos, la lucha por su dignificación y por su acceso a la ciudadanía plena. Por eso nos pareció de interés y agradecimos la invitación a participar en esta mesa dedicada a los “Derechos económicos y sociales versus exclusión social”.
En efecto, como se dice en la presentación de este panel, el sistema capitalista genera exclusión pobreza y marginación social. Y, al decirlo así, parecemos referirnos a algo ancho y ajeno, inaprensible, como los ciegos mercados a los que nadie pone cara, como si fueran una especie de designio divino ante el que poco o nada se puede hacer, excepto satisfacer sus exigencias sanguinarias (No es una expresión original. Estos días, con motivo de la crisis griega o del acoso a la deuda española, se decía en los medios: “los mercados buscan sangre”).
Y sin embargo la pobreza y la exclusión, gravísimas violaciones de derechos humanos, no son una simple maldición divina. Responden a causas y responden a ausencia de remedios, de políticas concretas. Todos ellos, causas y remedios, relativamente fáciles de diagnosticar, excepto que la reverencia hacia el mercado nos impida alzar cabezas y abrir las mentes.
En Europa, en la Europa del Primer Mundo, existe el cuarto mundo de la pobreza, la exclusión y la marginación social. Pero para la mayoría de nuestros políticos y para buena parte de la sociedad que sí satisface sus necesidades con creces, la sociedad instalada en el bienestar, la pobreza es algo oculto y que interesa ocultar. Por ello es importante no hablar en abstracto o sólo desde reflexiones sociológicas. O quedarse en la constatación y enumeración de los muchos derechos reconocidos en los Pactos Internacionales y en las legislaciones nacionales. Tenemos, también, que ponerle rostro a la exclusión, a los excluidos y a los excluidores.
Eso pretendo hacer, si me permiten, aterrizando en Andalucía, donde realizamos estas Jornadas, una de las zonas Europeas donde la pobreza y la exclusión se ceba con más saña.
Región periférica, tradicionalmente subordinada en lo económico, apenas prestadora de servicios al turismo y suministradora de hortalizas a Europa. Andalucía ha sido tradicionalmente una economía agraria de absentistas y pobreza. Ahora además es una economía subsidiada y supeditada al reparto que ha tocado en la reestructuración europea de la producción y el consumo
Del paquete financiero dedicado a acciones estructurales, la UE destinó a Andalucía 12.710 millones entre 2000 y 2006 y otros 14.700 millones para el período 2007-2013. Unos aportes que van a reducirse drásticamente a partir de esa última fecha. Y si pese a esa inyección económica de la UE, Andalucía no ha igualado su situación con respecto al resto de España y la UE, difícilmente parece previsible que, tras ese recorte y en medio de la crisis, pueda hacerlo a partir de ahora
El problema es que la situación que describimos no ha evolucionado con la profundidad y la rapidez suficiente que desearíamos, pese a esas ayudas. De tal forma que la pobreza y la exclusión se han convertido en un mal endémico. Es cierto que la Andalucía que hoy conocemos no es la que tuvimos que vivir muchos andaluces de pequeños: la Andalucía del caballo y el señorito, del jornalero y el manijero, de la pobreza y marginación profundas del pobre pero honrado que nos decían nuestros padres, de la emigración masiva y de la tristeza apenas gritada del cante jondo.
Pero aún en 2008 la Encuesta de Condiciones de Vida situaba a Andalucía en el dudoso primer puesto de personas situadas por el umbral de la pobreza de todas España: nada menos que el 28,9% del total de la población. Y lo peor es que, como hemos señalado reiteradamente la APDHA en nuestros informes, en torno a 440.000 personas se encuentran en situación de exclusión social severa. En provincias como Cádiz, por ejemplo, una de cada tres personas está bajo el umbral de la pobreza y una de cada diez se sitúa en la exclusión social.
Y ello usando sólo uno de los parámetros de ingresos o recursos económicos. Porque personas excluidas son también las que junto a la carencia económica tienen vedado el acceso al disfrute efectivo de sus derechos; personas que perdieron la capacidad para el ejercicio de la ciudadanía y la participación. Hablar de exclusión es hablar también de empleo, de educación, de salud, de cultura, de relaciones sociales, de participación política…
Hablar de empleo es señalar que, mientras en España en su conjunto tenemos un índice de paro que ya superó la cifra simbólica del 20% en medio de una crisis sin precedentes, en Andalucía la tasa de paro alcanza al 27,2% de la población activa, lo que implica que en Andalucía más de un millón de personas en edad de trabajar se encuentra en paro.
Si de vivienda habláramos, tendríamos que referirnos en primer lugar a las más de 7.000 personas que como mínimo no tienen hogar. Pero de forma más general habría que acudir al informe del Relator Especial para el derecho a un vivienda digna que visitó España no hace mucho y cuyas conclusiones para Andalucía fueron demoledoras. Baste señalar que apenas se construye vivienda para la promoción social, que sitúa a muchas familias en situación de hacinamiento o en condiciones de chabolismo horizontal e incluso chabolismo vertical reiteradamente denunciado por las ONGs y el defensor del pueblo andaluz. Por no hablar de barrios enteros marginalizados y a veces etnificados situados en la periferia de las grandes ciudades.
Si hablamos del estigma como exclusión habría que referirse a las muchas personas que ejercen la prostitución en Andalucía, que se cifran según nuestros datos en casi veinte mil personas, la inmensa mayoría mujeres y casi el 90% extranjeras, muchas de ellas sin papeles. Y lo haríamos desde el acercamiento a través de nuestro trabajo de calle y sus vidas y lugares de trabajo (clubs, pisos, calle).
Junto a nuestro rechazo y lucha contra todo tipo de trata y contra la prostitución forzada de forma menos o más violenta, defendemos la dignidad, la dignificación y el empoderamiento de estas mujeres, de tal forma que puedan tener derecho a tener derechos humanos básicos.
Porque la alegalidad y la falta de derechos son el fundamento de la vulnerabilidad de la precariedad, del abuso y la explotación económica o incluso para condenar a personas a permanecer sine die de forma clandestina por las legislaciones de extranjería.
Inmigrantes sin papeles que dibujan por cierto otro de los rostros que presenta la exclusión en Andalucía. En torno al 10% de los habitantes de Andalucía son de origen extranjero, buena parte de ellos, es verdad, rentistas europeos. Pero muchos otros sufren condiciones inhumanas como jornaleros en los campos andaluces o padece situaciones de cuasi esclavitud en el servicio doméstico. Y en ambos sectores, y en muchos otros, muy especialmente las personas sin papeles
Habría que detenerse un momento en las consecuencias de la crisis para estas personas. Pues no son pocas las situaciones que se vienen dando de exigencia de cambiar la mano de obra inmigrante por mano de obra nacional al grito de “primero los españoles”, como se ha producido este año en algunos pueblos andaluces. La crisis puede ser origen de fracturas sociales de imprevisibles consecuencias si no se abordan estos problemas y si las administraciones recortan derechos sociales y el acceso a los mismos se contempla en clave de competencia, especial y paradójicamente por las personas en situación más precaria.
Si de inmigración hablamos no podemos dejar de referirnos a que Andalucía es puerta de entrada para muchos inmigrantes africanos. En los Informes sobre Derechos Humanos en la Frontera Sur, que anualmente publica la APDHA, hemos señalado como el tradicional espacio de intercambio de culturas que fue el Estrecho de Gibraltar se ha convertido en fosa común (921 muertos en 2007, 581 en 2008 y 206 en 2009) y en escenario de gravísimas violaciones de derechos humanos
Graves violaciones consecuencia de políticas enormemente restrictivas cuyo norte se dirige a impedir la salida de África, intentar que no lleguen si lo consiguen y que, en todo caso, sean detenidos y lo más rápidamente expulsados. En Andalucía tenemos tres Centros de Internamiento para Inmigrantes cuyas condiciones han sido calificadas de vejatorias e infrahumanas, no sólo por las ONGs sino por el Defensor del Pueblo y la fiscalía y en los cuales producen todo tipo de violaciones de derechos humanos. Incluso el propio Ministerio del Interior reconoce su falta condiciones, pero sin que se tomen medidas algunas hasta el momento.
No se puede completar este breve repaso por los derechos humanos en Andalucía, sin referirse si quiera sea de pasada a la existencia de más de 18.000 presos en las cárceles andaluzas. Debido a políticas penales del máximo castigo y tolerancia cero, tenemos 160 reclusos por cien mil habitantes, frente a los 102 presos por cien mil habitantes de media en Europa. Los presos configuran el último eslabón de la exclusión social, encerrados en cárceles con un hacinamiento que supera el 170% aunque en algunas de ellas se supera el 300%.
Del 60 al 80% son drogodependientes, el 25% padece depresiones por el consumo de drogas, el 8% enfermedades mentales graves, el 40% trastornos mentales y personalidad, el 18% tiene el VIH, del 35 al 40% la hepatitis C y más del 10% la tuberculosis. Digamos aquí que los sistemas penales españoles se alejan clamorosamente de la función reinsertadora que la Constitución Española les encomienda: las prisiones como medida de resocialización son un fracaso absoluto. Concluyamos que el efecto que tienen es la de destruir psíquica y físicamente a las personas que entran en ellas y de destrozar a madres y familias enteras. Y digamos sin miedo a equivocarnos mucho que los sistemas penales más parecen destinados a invisibilizar y retirar de la sociedad a personas a las que no alcanzó nunca política social o preventiva alguna.

Llegados a este punto, dibujado un panorama claramente sombrío para un importante sector de nuestra sociedad, se impone una mirada escéptica hacia los planteamientos provenientes de administraciones a todos los niveles destinados en teoría a abordar la exclusión social en Andalucía. Si en este terreno algo resulta clamoroso es la falta de políticas concretas que sean capaces de abordar o al menos minimizar la exclusión y la marginación social.
Hay sí políticas asistenciales y también diversos parches sociales. Los cuales como se ha dicho generan a su vez diferenciación y desigualdad, perpetúan las situaciones, crean dependencia y alimentan por cierto un inmenso negocio que vive de la pobreza. Y hay, también, justo es decirlo muchos esforzados servicios municipales de primera instancia.
Pero no hay políticas integrales. Políticas que se propongan afrontar de forma abarcadora la grave violación de derechos y la exclusión de la ciudadanía que implican los datos antes reseñados: Ni políticas económicas pensadas para el ser humano y no para la voracidad de los mercados o el beneficio de los bancos. Ni políticas sociales integrales. Ni ley de inclusión. Ni rentas básicas. Ni política de vivienda suficiente para la promoción social. Ni abordaje del fenómeno migratorio desde una opción integradora e inclusiva. Ni reconsideración de los sistemas penales…
Creemos que para luchar contra las causas que producen exclusión es necesario legislar “institucionalizando derechos” que lleven a las zonas donde viven las personas excluidas políticas éticas que generen empleo y renta, que sean impulsoras de dinámicas participativas, que sean garantes de derechos civiles, políticos y sociales; políticas dinamizadoras de redes sociales y comunitarias, democratizadoras respecto al acceso a la información y a la formación.
Tomar conciencia de que el factor esencial de la lucha contra la exclusión pasa por la reconquista de los propios destinos vitales de la personas o colectivos afectados por procesos de exclusión o vulnerabilidad. La multiplicidad de factores que generan exclusión social, requiere de políticas de inclusión con una visión integradora, planificadas y coordinadas desde el territorio y contando siempre con la participación activa de la ciudadanía. La acción de las administraciones públicas en los procesos de inclusión ha de garantizar el empoderamiento de la población, cambiando el rumbo de las políticas de dependencia de las últimas décadas
Hace falta además trabajar para que se incorporen al proceso político las voces de las personas excluidas o en riesgo de exclusión, para que sean protagonistas de sus propios itinerarios de inclusión. La multiplicidad de canales y espacios de participación de las organizaciones de la sociedad civil, junto con la capacidad de los gobiernos locales de crear puentes con estos actores, constituyen elementos claves para ensayar estos espacios de participación política.
El papel de una organización defensora de los derechos humanos, aunque sea modesta como la APDHA, no es la de callar todo esto. Es, por el contrario denunciar las violaciones de los derechos, indicar las consecuencias de las mismas y la pérdida de dignidad humana que suponen.
Pero nuestro papel es también señalar causas y exigir y proponer actuaciones, políticas, proyectos, que sean capaces de superarlas… que caminen en el sentido que señalaba el preámbulo de la Declaración Universal: Los pueblos de las naciones unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progresos social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad.

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