Trata y prostitución

2010, 17 febrero
La trata de seres humanos es una forma de esclavitud que persiste en sociedades que contemplan los derechos humanos como fundamentales y que, aún sin datos fiables, parece que alcanza grandes dimensiones. Se trata de una realidad contra la que todos y todas tenemos que comprometernos, tal como pidió el Convenio del Consejo de Europa de 2005 (por cierto, firmado pero aún no ratificado por España). Sin embargo la implicación de la sociedad y los gobiernos en la lucha contra este fenómeno está llegando con lentitud, y aún hoy, la falta de datos concretos y estudios específicos dificulta el abordaje de este asunto.
En España, en el año 2008, se aprobó el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, que es sin duda de un paso adelante para combatir esta lacra, pero que, desde nuestro punto de vista, resulta aún insuficiente.
Un primer problema que nos preocupa es que el Plan Integral sólo se refiere a la trata de personas con fines de explotación sexual dejando fuera de su actuación otras formas de trata, como la explotación laboral en talleres clandestinos, en la agricultura, en el servicio doméstico, en los matrimonios forzados o en la mendicidad por ejemplo.
Tampoco el Plan hace distinción entre la trata de seres humanos con fines de explotación y el tráfico para la inmigración irregular. Y la cuestión no es inocente, porque en el primer caso no existe consentimiento, mientras que en el segundo (el tráfico para la inmigración irregular), las personas lo aceptan como el único medio que tienen para emigrar.
Otro de los principales problemas que vemos desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, como ven muchos otros colectivos implicados también en la lucha por los derechos de las personas que ejercen la prostitución, es la identificación que desde este plan se hace de la prostitución con la trata de seres humanos. Esta asimilación, que equipara la prostitución coaccionada a la voluntaria, supone la negación de la capacidad de decisión de muchas trabajadoras, y condena a quienes toman esta decisión a la categoría de víctima y “Victimizar es la opción menos respetuosa con respecto a nuestras semejantes, que con frecuencia se sienten agredidas ante las miradas conmiserativas” (Espejo, 2009).
Al partir de la base de que todas las prostitutas están forzadas, el Plan se convierte en un Plan contra la prostitución y como la mayoría de las trabajadoras del sexo son inmigrantes, generalmente “sin papeles”, en realidad lo que se persigue es la inmigración “ilegal” disfrazándola con la falsa apariencia humanitaria de “salvar a las mujeres”.
No es casual así que el Plan no esté concebido desde la óptica de la defensa de los derechos humanos de las víctimas, sino que se pone en primer término la lucha contra la inmigración ilegal o la persecución de redes, sean estas criminales o no. Y que por tanto la protección y los derechos de las mujeres se vean en buena medida desatendidos. Ocurre así que las mujeres detenidas en las ocasionales redadas de la Guardia Civil, serán envueltas la mayoría de las veces en un proceso que puede terminar con mucha facilidad con su expulsión del país.
No poner en primer plano los derechos de las víctimas implica, como ha denunciado la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, que las medidas antitrata acaben en no ocas ocasiones volviéndose contra las personas que en teoría pretenden proteger. Y en segundo plano contra los inmigrantes en general, que ven recortados sus derechos de forma creciente en paralelo al aumento de control de fronteras.
Todo ello no son simples e inocentes interpretaciones de conceptos. Se trata por el contrario de una concepción reduccionista, que considera la prostitución como algo intrínsecamente deleznable, y que sirve de sustento y base argumentativa a posturas normativas, ideológicas y sociales que muchas veces afectan negativamente a las personas que trabajan en la misma: se ven criminalizadas a ellas mismas o a sus clientes y amigos, estigmatizadas por la sociedad, victimizadas por sus semejantes, relegadas a la clandestinidad…
Perseguir la trata con fines de explotación y combatir trata y explotación con todos los medios del estado de derecho y con el más amplio compromiso y simpatía social es muy importante. Estamos hablando de la dignidad y de la vida de muchas personas y todos los esfuerzos en esta dirección serán pocos. Pero esa lucha no se puede convertir en arma arrojadiza contra personas que ejercen voluntariamente la prostitución o contra inmigrantes en situación irregular. Mucho menos volverse contra las propias víctimas que pagarán al final las consecuencias de no ser siquiera, otra vez, tenidas en cuenta. Unas y otras tienen todo el derecho a la dignidad y a vivir con libertad.

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