29S: en defensa de los derechos sociales

2010, 16 de septiembre.
La Declaración Universal de Derechos Humanos solo dejará de ser un bonito papel cuando entendamos que se trata del marco de mínimos que acoge las expectativas de humanización de las relaciones entre las personas y los pueblos, y como la vía de acceso a los bienes que hacen posible una vida digna y la convivencia en paz.
Constituyen la red última y el cobijo mínimo que nos resguarda de las derivas autoritarias del poder en lo político, de la prepotencia del más fuerte en lo social y de las leyes depredadoras del mercado en lo económico. Así, los derechos humanos se configuran a la vez como punto de partida, como camino para avanzar y como objetivo para alcanzar.
En las sociedades democráticas, elegimos a quienes gobiernan y es de suponer que lo harán no solo con la premisa básica de la Declaración Universal sino también velando porque el desarrollo de los derechos alcance cada vez más y mejor al conjunto de la sociedad; o más sencillamente con el corazón más cercano a las razones de la gente de abajo que son tan elementales como el trabajo lo es para ganarse la vida.
Y, sin embargo, observamos con tristeza y rebeldía como, desde un principio se estableció una suerte de división, un cierto orden de prelación en la garantía de los derechos humanos. Incluso en las sociedades que se tienen por más avanzadas, en las que los derechos civiles y políticos se han ido desarrollando si bien con no pocas lagunas con un ritmo aceptable, por contra, los derechos económicos y sociales han permanecido en la retaguardia, como si la mayoría de la sociedad solo pudiera acceder a los mismos cuando rebosan los beneficios de quienes lo tienen todo.
Los poderes políticos, incluso los que se tienen por democráticos, parecen haber renunciado a garantizar los derechos económicos y sociales de la gente; todo indica que la posibilidad de acceso a estos derechos ha quedado en manos de los oscuros poderes económicos.
El ejercicio del derecho al trabajo depende de la voluntad de las grandes empresas, mientras que las pequeñas empresas están al albur de las entidades financieras, las mismas que deciden si les conviene o no jugar con nuestras expectativas de acceder al derecho a una vivienda.
Son nuestros derechos económicos más elementales: un techo para vivir y un trabajo con el que ganarnos la vida… y los dos están siendo manipulados más que gestionados por unos órganos de poder que nunca han sido elegidos; que son porque tienen, y tienen sin límite porque nunca se equilibró el derecho de la propiedad con el derecho a disponer de lo preciso.
No se trata solo de un déficit democrático, que ya sería bastante amargo. Se trata de disponer de nuestras propias vidas, de parar ese retroceso a una especie de feudalismo financiero, de no retroceder en derechos que se lograron a fuerza de grandes sacrificios y largos sufrimientos, sobre los que se elevó la voluntad colectiva puesta en marcha; los movimientos sociales, el movimiento obrero.
Se nos hiela la esperanza cuando, en una vuelta de tuerca, vemos que aquellos en quienes hemos depositado las herramientas del poder democrático para construir y ampliar el edificio de nuestros derechos, nos conminan a sacrificios para salir de una crisis económica de tal manera que aquellos que la generaron mantengan o aumenten sus beneficios. Y quizá, cuando los beneficios vuelvan a rebosar de las instancias y de las estancias financieras, solo entonces y solo quizá podamos esperar ¿qué? ¿Trabajo con dignidad o incorporarnos a las nuevas formas de explotación laboral de las llamadas economías emergentes?
No pretendemos ser mensajeros de catástrofes, pero tenemos derecho a preguntarnos hacia donde nos conduce este nuevo aval, este nuevo apoyo sin límites que se les da a los mercados financieros, este nuevo sacrifico humano ante el becerro de oro global.
Sabemos que no es fácil cambiar esta injusta forma de administrar los bienes y recursos a la que llamamos “sistema”, que ha tenido siglos para perfeccionarse en beneficio de una minoría, que ha sabido evadir las leyes o torcerlas a su beneficio; lo que no podemos entender es que para seguir por ese camino, para que sigan incrementando sus impúdicos beneficios, se nos exija además el sacrificio de derechos elementales.
Deberíamos tener el derecho a esperar de nuestros gobernantes que, en lugar de rendirse a los dictados del poder financiero, comprendieran y compartieran las razones de la gente común y buscaran con valentía una salida de esta crisis hacia un modelo de sociedad más justa, equitativa y humanamente sostenible.
Desde la perspectiva de los derechos humanos entendemos que esta movilización del 29 de septiembre es una lucha justa, imprescindible, urgente. No la contemplamos como una huelga política en el sentido partidista, pobre, desgastado y miserable. Deberá ser un hito en la defensa de los derechos sociales de un nosotros y nosotras que alberga a hombres y mujeres, menores y mayores, inmigrantes, pequeños empresarios y comerciantes, estudiantes, pequeños agricultores y jornaleros, de quienes trabajan y de quienes esperan trabajar, de toda la gente que habita nuestras ciudades puebla nuestras calles; todos y todas protegiendo con ternura y rebeldía nuestros pequeños derechos cotidianos. Entonces sí, será una movilización hermosamente política.

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