2006, 10 de diciembre. Diario de Cádiz.
El Día de los Derechos Humanos de este año, ha sido dedicado por la ONU a la lucha contra la pobreza. Como dice Louise Arbour, Comisionada de las NN.UU. para los Derechos Humanos, la pobreza es con frecuencia causa y consecuencia de las graves violaciones de los derechos humanos que se están produciendo en nuestro planeta.
La distancia entre países ricos y empobrecidos se agranda. Todos manejamos las cifras escalofriantes de la pobreza y la miseria, la existencia de cientos de millones de personas en el mundo en el límite mismo de la supervivencia.
Cifras que conviven con cifras. Datos que bailan juntos para señalarnos que en el mundo campea la injusticia. La pobreza extrema junto al despilfarro y la opulencia. A veces separadas tan solo por una estrecha franja 14 kilómetros de agua.
Y los objetivos y planes para acortar la brecha entre ricos y pobres, son sistemáticamente ignorados, como sucede ahora con los objetivos del milenio, inalcanzables ya casi antes de formularlos.
Es verdad que en la Unión Europea franjas sociales situadas en lo que la ONU ha denominado la pobreza absoluta, es decir las personas cuyos ingresos apenas les permiten la supervivencia vital, son muy reducidas. Pero también es cierto que el enriquecimiento global que se viene produciendo en los llamados países desarrollados (en gran parte gracias al expolio e imposición de mercado a los países empobrecidos) va acompañado de una cada vez más clara dualización, con la perpetuación e incluso incremento de las franjas de población situadas en la pobreza y en la exclusión social.

LA ANDALUCÍA DEL MÍNIMO
Si existe algún caso paradigmático de ello es nuestra tierra andaluza. En Andalucía, como si de una maldición bíblica se tratara, se perpetúan las cifras del empobrecimiento. Un 31, 1% de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza. De ellas mas del 15%, hasta un 5,5% de la población, en situación de pobreza severa. De los veinte municipios con mas de 50.000 que son mas pobres de toda España, nada menos que catorce son andaluces. Pero quizás lo mas cruel sea la existencia de casi 400.000 personas en Andalucía que subsisten como pueden en situación de pobreza severa y de grave vulnerabilidad social
Con esas cifras en la mano es difícil sentirse identificado con lemas mediáticos como la Andalucía del máximo o la Andalucía imparable. Tampoco son cifras que puedan obviarse, pese a que no se citen nunca a la hora de hablar de presupuestos, de informes económicos o de planes de inversión. Y en la práctica tampoco sean tenidas en cuenta a la hora de elaborar o diseñar las políticas socioeconómicas que se desarrollan en esta tierra. Incluso en el nuevo Estatuto de Andalucía, la cuestión de la pobreza y la exclusión social no han quedado suficientemente explicitadas como una de las realidades sangrantes que es imprescindible abordar. Y por tanto ausentes las propuestas políticas que inspirasen medidas concretas para superarla. De esta manera la situación se eterniza y se está convirtiendo en estructural.
El presidente de la Junta, Manuel Chaves, decía no hace mucho en un debate parlamentario al respecto, que Andalucía tenía los recursos suficientes para acabar con las situaciones de pobreza extrema. Y estamos de acuerdo. No es pues falta de recursos.
Hay, por tanto, que pasar de las palabras a los hechos. Se trata sin duda de un problema de prioridades. Del uso de esos recursos. Y mucho nos tememos que los derechos humanos de las personas mas excluidas, el acabar con las situaciones de marginación y pobreza, con la deficiencia de los servicios sociales, con la escasez de recursos dedicados a la protección de los más débiles, con el paro endémico… no sea hoy todavía la principal prioridad.
Por eso se echan de menos las políticas que habría que poner en marcha, se echan de menos recursos para las administraciones locales y eficacia en los servicios sociales, políticas contra el paro que vayan mas allá de incalculables gastos de formación muchas veces inadecuados y las mas tirados a la basura. Miramos lo que se hace y no encontramos políticas integrales, sino parches; no encontramos previsiones y actuaciones con perspectiva, sino ir día a día con respuestas parciales y a veces equivocadas.

EL DEBER DE UNA ANDALUCÍA SIN EXCLUSIÓN SOCIAL
Llegada pues una nueva conmemoración del aniversario del día aquél en que fue proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de aquel día en que se reconoció la dignidad intrínseca del ser humano, no está de más que volvamos la mirada a nuestra tierra y contemplemos el rostro de las personas sin hogar, de los que malviven en barrios de exclusión, de inmigrantes sin papeles, de los enfermos de toxicomanías o de los que terminan con sus huesos en las cárceles…
Y, desde esa mirada, nos planteemos con urgencia que la exclusión forma parte de la realidad de nuestra Andalucía, que debe ser desvelada y visibilizada y que es prioritario tomar las medidas necesarias para erradicarla.
Sin despreciar la bondad de los Pactos propuestos a la oposición por el Sr. Presidente de la Junta, ¿no sería lógico que dentro de ellos, desde un proceder de justicia, se incluyese un pacto para erradicar la exclusión social en Andalucía?
No creemos que sea irrelevante preguntar que fue de la prometida ley de inclusión social. O porqué han hecho aguas los objetivos del Plan de Inclusión 2003-2006. O tal vez no esté de más interrogar porque son ignorados los objetivos de la Unión Europea contra el empobrecimiento y la exclusión. O cual es el papel de la renombrada Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social que parece querer responder mejor a sectores sociales de clases medias, votantes mayoritarios, que, a las clases sociales más desfavorecidas, a la medida parece de una publicitada Andalucía al Máximo, incapaz de dar una respuesta de mínimos.
Son necesarias otras prioridades hoy ausentes. En el día de los derechos humanos, modestamente, nos atrevemos a plantear que la pobreza y la exclusión social en Andalucía tienen que convertirse en agenda política, en prioridad presupuestaria, en política concreta, en acción social y económica.
Es un deber moral, es una cuestión de justicia y de derechos humanos.
¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos.
Pablo Neruda (versos del capitán)