2006, 25 de mayo. Noticias locales.
Andalucía es una sociedad con graves desequilibrios: hay toda una sociedad del bienestar que convive en un mismo territorio con una sociedad empobrecida social y económicamente.
La última Encuesta de Condiciones de Vida situaba a Andalucía a la cabeza del ranking de personas pobres en España. En torno a dos millones de personas se encontraban en esta situación según esta encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Una cifra que viene a coincidir con las estimaciones de Cáritas y los informes FOESSA.
Por su parte, los informes anuales de la Caixa vienen alertando que la renta media por persona en Andalucía se sitúa en torno al 80-85% de la media nacional. Otros estudios como el del BBVA concluían que siete de las ocho provincias andaluzas figuran entre las diez más pobres del país. De entre los 20 municipios con más de 50.000 habitantes más pobres de toda España, nada menos que 14 son andaluces.
Ni hace falta recordar siquiera que, mes tras mes, EPA tras EPA, Andalucía encabeza la lista de la incidencia del paro y de la precariedad en España, que no dejan de ser, pese a algunos remontes episódicos, una de las grandes lacras sociales de nuestra tierra.
Los datos se repiten y todos ellos apuntan sistemáticamente en la misma dirección: Andalucía es una de las regiones con menos desarrollo de Europa y tiene el triste privilegio de estar entre las primeras comunidades donde mayor es la incidencia de la pobreza y donde menos bienestar per cápita existe de toda España.
Lo mas grave es que esta situación se eterniza y se está convirtiendo en estructural.
La pobreza y la marginación presentan su cara mas insufrible con la existencia de casi de 300.000 personas que padecen situación de grave exclusión social, convertida –a mi entender- en uno de los mas graves problemas de Andalucía. Una cifra que supone un 3,5% del total de la población andaluza y que en algunas provincias como Cádiz alcanza hasta el 5,4% de la población.
Dada la profundidad y persistencia de este grave problema parece que sería razonable que el Estatuto de Andalucía enfatizara con absoluta prioridad la regulación de los derechos sociales acompañados de garantías de cumplimiento.
Para superar la actual situación de pobreza y marginación de una parte importante de la población andaluza, las políticas económicas, por ejemplo, deberían plantear como objetivo la disminución del peso de una especialización productiva en actividades como la agricultura intensiva, y el binomio turismo-negocio inmobiliario, que lleva a Andalucía a dedicarse a las tareas peor remuneradas dentro del sistema y refuerzan su carácter de economía subordinada y dependiente, además de suponer una importante degradación de su patrimonio natural y social, para fomentar el desarrollo de otras actividades –industriales y de servicios-, que permitieran una mayor generación, apropiación y distribución de riqueza en el interior de Andalucía (ver artículo de Manuel Delgado Cabeza en esta misma revista).
Una sociedad responsable es aquella que hace frente a las situaciones de mayor fragilidad o desventaja social. Obviar estas realidades es legislar a espaldas de una realidad existente y que también merece un marco garantizador que la ampare.
Pero, lamentablemente, pese a todo el ruido mediático que se ha originado en torno a nuestro Estatuto, o quizás precisamente por tanto ruido, algunos temas han quedado olvidados del debate público. Por ejemplo, este que vengo comentando. ¿En que medida ese objetivo que debiera de ser de absoluta prioridad política está presente en el Estatuto que se está discutiendo ya en las Cortes Generales? Desde el punto de vista de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, desde luego no suficientemente. Y de eso no se está discutiendo, lo cual no deja de ser un mal síntoma político y social.