2006, 9 de mayo. Noticias locales.
Tras el caso de Ramón Sanpedro, la muerte de Jorge León Escudero ha vuelto a reabrir el debate sobre la eutanasia en nuestro país, que el gobierno apresuradamente ha descartado legalizar.
Se trata de un debate muy importante que creo que lo que nos plantea es la necesidad de profundizar en valores democráticos tan fundamentales como la tolerancia, el pluralismo o la propia libertad de las personas. En efecto, la Constitución garantiza la libertad ideológica y el libre desarrollo de las personas y de las ideas, siempre y cuando se respeten las elementales normas de convivencia.
Tendríamos que convenir que eso significa que la persona es reconocida como sujeto moral autónomo, es decir, que cada cual puede elegir libremente los valores que deben regir su vida. Convengamos también que eso implica un íntimo pluralismo: sin más límite que el respeto al otro y a las normas de convivencia democrática, cada cual toma su opción a la hora de decidir que sentido dar a su vida, que caminos se quieren andar, cuales son las metas que se quieren conseguir…
Ello nos remite sin duda al sentido de la vida y de la muerte. Por mucho que la Conferencia Episcopal insista en afirmar que el sentido de la vida ya viene determinado por Dios y él mismo es la meta última, parece sensato acordar que esta no es sino una de las posibles perspectivas entre otras muchas. Para esas otras muchas perspectivas la vida, con ser un valor inestimable, quizás no merezca la pena vivirla en cualquier circunstancia.
Y en la medida en que nos consideremos sujetos morales autónomos, como hace la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, se puede llegar a considerar insufrible la vida y preferir abandonarla, como han hecho Sanpedro o Jorge León.
Me parece muy respetable si alguien considera que vivir es una obligación en cualquier circunstancia porque cree que dicha conducta es la única aceptable moralmente: está llevando legítimamente a la práctica sus propios valores morales dentro de un Estado de Derecho. Lo que ya resulta bastan poco razonable es que se exija que el Estado imponga como universalmente obligatorias dichas creencias. Es el caso de la Iglesia Católica al exigir que el Estado mantenga sanciones a los que practiquen la eutanasia porque ella la considere una conducta pecaminosa.
Lamentablemente, en este como en otros temas, nuestros legisladores se dejan influir mas por ciertas presiones religiosas procedentes de la jerarquía católica que por nuestros principios constitucionales. Me abstengo de poner ejemplos que creo en la mente de todos los lectores.
Así, nuestras instituciones continúan siendo paternalistas con los ciudadanos y ciudadanas al pretender sustituirnos en una decisión que sólo nos afecta a nosotros: ¿por qué he de seguir con vida cuando la he dejado de valorar como un bien y se me ha vuelto insufrible? ¿Por qué el Estado me impide tomar una decisión que es sólo de mi incumbencia y que no vulnera los derechos de otros?
Es curioso, sin embargo, que otras formas de dejar la vida sean incluso veneradas. Los mártires de la Iglesia, los que ofrecieron su vida por la patria, o incluso los que mueren en aras de la ciencia, como los del accidente de Challenger… ¿es posible considerar el progreso tecnológico superior a la vida humana? ¿Y la patria? ¿Y Dios? Curioso que coincidan frecuentemente quienes se oponen a la eutanasia y apoyan sin embargo la pena de muerte. Es fácil pues que nos asalte la impresión de que hay una doble vara de medir, pues no en todas las circunstancias la vida resulta un bien tan absoluto.
Aún consciente de que se trata de un tema sobre el que es preciso ser muy prudentes y en el que los pasos deben estar bien medidos, por todo lo dicho es por lo que defiendo la legitimidad de regular la eutanasia en nuestra sociedad desde el respeto a la tolerancia, la pluralidad y el respeto a las creencias de cada cual.