2004, 10 de diciembre. Día de los Derechos Humanos
El próximo mes de febrero se cumplen diez años del fallecimiento de Diamantino García, el cura de los pobres y fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Casi diez años después en gran medida y por desgracia sigue siendo plenamente válida su apreciación: los derechos humanos en Andalucía, mas que derechos, están torcidos.
Una de las constantes, esa sí pareciera que imparable, en nuestra tierra sigue siendo la de la marginación y la pobreza. Los fríos datos de las estadísticas, de las encuestas hechas con mayor o mejor intención, aunque oculten los rostros verdaderos del sufrimiento, nos dan las pistas. Un análisis reciente del Instituto Nacional de Estadística nos colocaba entre los cinco países con más pobreza de Europa. El porcentaje de hogares pobres es casi cinco puntos superior a la media comunitaria. Y dentro de nuestro Estado, como si de calamidad sempiterna se tratara, Andalucía se sitúa también en la cola.
Un análisis del Instituto de Estudios Sociales de Andalucía, organismo dependiente de la Junta, apreciaba la existencia de 800.000 pobres en Andalucía a final del año pasado. Contrasta este dato con el estudio de la Consejería de Asuntos Sociales del año 2000 que situaba esta cifra en un millón doscientas mil personas o con los de Cáritas que eleva la misma a casi dos millones. Leyendo la letra chica nos enteramos que el informe del IESA, por otra parte tan interesante, toma otros puntos de referencia, en este caso las medias andaluzas y no las estatales, que son las que permiten estimar de forma mas fidedigna la magnitud del problema comparándolo con la situación de otras comunidades autónomas.
Embellecidas o no las cifras son elocuentes. La propia Junta de Andalucía reconoce que en Andalucía hay 20.000 familias se encuentran en situación de extrema pobreza, cuya única ayuda suele ser la de los servicios sociales. Cáritas eleva a 300.000 personas las que padecen pobreza severa.
Mas datos, fríos pero imprescindibles, ayudan a valorar la profundidad de la sima de la pobreza endémica en nuestra tierra. Por ejemplo, el anuario de Caixa 2004, valora que se está perpetuando la brecha entre las comunidades con mayor y menor renta. Para el caso de la familia andaluza es inferior en un 35% a las de las dos comunidades con mayor renta, Navarra y el País Vasco. También afirma que la renta media por persona en Andalucía es el 83% de la media nacional. Ese mismo estudio afirma que siete de las ocho provincias andaluzas figuran entre las diez mas pobres del país (excepto Almería, y no es necesario aquí analizar por qué). De los veinte municipios con mas de 50.000 que son mas pobres de toda España, nada menos que catorce son andaluces.
Los datos se acumulan y nos marean, pero apuntan sistemáticamente en la misma dirección. Andalucía tiene el privilegio de ser la segunda comunidad autónoma (tras Murcia), con mayor incremento interanual del precio de la vivienda, un 21,46%, cuatro puntos mas que en el conjunto de España. No es de extrañar por tanto que mientras que en el conjunto de España sea el 12,44% de los hogares los que afirman que tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes, en Andalucía esa cifra de hogares sea el doble, casi el 24%. Ni que decir tiene que Andalucía, mes tras mes, EPA tras EPA encabeza el ranking de incidencia del paro y la precariedad
¿Maldición divina? ¿Falta de recursos? Ni una ni otra cosa. Tampoco voluntad explícita de estropear eslogan ese tan bien construido de la Andalucía Imparable. Bueno será que se sepa que nuestra Comunidad Autónoma tiene unos presupuestos de gastos consolidados que superan ampliamente los 22 mil millones de euros, o sea casi 4 billones de pesetas. Un presupuesto que supera ampliamente al presupuesto de un buen número de países del mundo.
No es pues falta de recursos. Se trata sin duda de un problema de prioridades. Del uso de esos recursos. Y mucho nos tememos que los derechos humanos de las personas mas excluidas, el acabar con las situaciones de marginación y pobreza, con la deficiencia de los servicios sociales, con la escasez de recursos dedicados a la protección de los mas débiles, con el paro endémico… no sea hoy todavía la principal prioridad. Por eso se echan de menos las políticas que habría que poner en marcha, se echan de menos recursos para las administraciones locales y eficacia en los servicios sociales, políticas contra el paro que vayan mas allá de incalculables gastos de formación muchas veces inadecuados y las mas tirados a la basura. Miramos lo que se hace y no encontramos políticas integrales, sino parches; no encontramos previsiones y actuaciones con perspectiva, sino ir día a día con respuestas parciales y a veces equivocadas.
No extrañan así las desafortunadas actuaciones de determinadas autoridades locales en barrios empobrecidos o en asentamientos chabolistas en nuestras ciudades, supeditándose siempre a los intereses urbanísticos e inmobiliarios sobre las políticas sociales e integradoras.
¿Una situación alarmante? No estamos desde luego en la Andalucía de principios de siglo, ni siquiera en la de comienzos de los setenta. Pero es pobre consuelo, sobre todo para los que ven perpetuarse sus condiciones de parias sociales, de excluidos y marginados por la sociedad que teóricamente debe ampararles y de la que deben sentirse incluidos.
En los últimos diez años, según el Instituto Nacional de Estadística, la escala de la pobreza en Andalucía ha mejorado… ¡casi en un punto! Tal vez sea cierto, pero es lento, desesperadamente lento.