2004, 7 de noviembre. En Coordinadora de Barrios.
La libertad de una de las muchachas que cometieron ese crimen horrible e incomprensible que acabó con la vida de Klara en San Fernando, junto a la aprobación por el Consejo de Ministros del Proyecto de Reforma de la Ley Penal del Menor, ha vuelto a poner de plena actualidad el debate sobre la responsabilidad penal de los menores.
El enlace de los sucesos que sacuden París con un supuesto aumento de de actos delictivos cometidos por jóvenes en algunas localidades andaluzas, añade –no sé si interesadamente– mas elementos a la polvareda social levantada respecto a la necesidad o no de endurecer las medidas penales contra los menores, haciendo recaer sobre ellos un sistema jurisdiccional cada vez mas parecido al de mayores.
Y si el segundo está suponiendo ya –cifras penitenciarias cantan– un sonoro fracaso en cuanto al mandato constitucional que contempla la cárcel y el castigo sólo como un instrumento de reeducación y reinserción social, mucho mas lo sería si se sigue esa senda para los menores.
Afortunadamente son muchas las voces que reclaman que no se puede legislar a golpe de alarma social. Porque, aunque electoralmente pueda vender endurecer leyes y penas, lo cierto es que no es golpe de policía y leyes más duras como es posible abordar y menos resolver los conflictos sociales.
Por el contrario, parecería razonable que debiéramos buscar modos aceptables, democráticos, de resolver situaciones conflictivas. Una buena experiencia es el sistema de mediación con menores con delitos leves que la ley contempla y que en algunas localidades se ha puesto en marcha con razonables resultados. Pero, por desgracia, hay que reconocerlo, la vía tomada suele ser otra, y hemos terminado por confundir el imprescindible código moral en el que debemos inspirarnos para las relaciones sociales, con el código penal.
De tal forma que hasta los conflictos sociales más mínimos queremos que se contemplen y se resuelvan vía penal. Se ha generalizado una cierta idea bastante peligrosa de que si una cierta afrenta o determinada actuación socialmente inaceptable no está contemplada, tipificada y castigada cuanto mas fuerte mejor en el Código Penal es como si estuviéramos tolerándola.
Los límites deben existir está claro. Pero ¿Cómo y quien enseña esos límites a los menores, cuando la propia sociedad adulta carece de ellos? ¿Qué vamos a enseñar a los jóvenes partiendo de la falta de valores que vemos en la sociedad? Tiene que haber una educación previa que nos permita socializar valores, pero ¿quién puede hacer esto?
Vivimos una sociedad profundamente violenta. Violencia que nace de valores imperantes donde las personas y sus necesidades no tienen cabida, quedan olvidadas y relegadas a un segundo plano. Valores de dominio, de beneficio, de poder, de éxito, de individualismo, de sálvese quien pueda, de machismo… Los menores maman todo esto desde que nacen ¿quién les protege de esa violencia?
Los menores que terminan en los centros de reforma son, casualmente, los pertenecientes a familias excluidas que han caído en la marginación social. Que no irán a la escuela o lo harán a trancas y barrancas, que no podrán elegir una profesión y ni siquiera podrán aspirar a encontrar un trabajo. Algunos de ellos recogerán cartones o trapichearán con droga desde muy pequeños porque su familia vive de eso. Un 80% de los que fueron a los Centros cerrados, terminarán en la prisión, de donde ya seguirán entrando y acumulando penas toda su vida ¿quién les protege de esa violencia?
Creo que estamos ante un tema clave, cual es el de abordar los conflictos interpersonales y sociales con criterios morales y éticos y no exclusivamente a golpe de castigos y penas mas duras. Lo cual es particularmente difícil en esta sociedad tan tremendamente desvertebrada y atomizada, en la que se individualizará el problema del chico y la familia, y en la que caerá a continuación sobre este conflicto la pesada maquinaria de la administración y la justicia y de la ideología de quienes administran y de quienes aplican las leyes. Y es aquí donde leyes, administraciones y justicia debieran ser los primeros en emprender caminos nuevos sin que su norte sea actuar en terrenos tan sensibles, y que afectan a derechos fundamentales y a la propia arquitectura de la sociedad, a golpe de interés electoral o de alarma social.