2003, 10 diciembre. Diario de Cádiz
Al llegar un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es preciso recordar como nuestra Asociación y muchas otras entidades sociales hemos venimos señalando y denunciando las violaciones a los derechos humanos, que generan múltiples injusticias sociales y la persistencia endémica de las situaciones de pobreza y exclusión social.
Durante todo este año hemos estado denunciando que la falta de trabajo o la situación de absoluta precariedad cuando este se tiene y la economía sumergida son los mayores lastres económicos de Andalucía. Son las principales causas de la pobreza. El 70% de las personas empobrecidas de Andalucía se debe al paro y al trabajo precario. Andalucía mantiene acusadas diferencias de renta con el resto del Estado (un 20% menos por habitante) y con Europa (hasta el 50%).
Este año, al igual que los anteriores, hemos estado señalando y denunciando que casi uno de cada tres andaluces puede considerarse pobre. La propia Junta reconoce 1.200.000 pobres en nuestra tierra. Otros estudios elevan la cifra a casi dos millones de personas. De ellos, mas de 400.000 personas viven en una pobreza severa en la que incluso existen condiciones de subalimentación.
En este sector de la población se alcanza un paro de entre el 70-80%; el 15% de estas familias viven en infraviviendas (cuevas, chabolas, caravanas y casas prefabricadas, locales abandonados, chabolismo vertical); el 9% de la población andaluza pobre es analfabeta funcional; el 20% de los niños pobres andaluces no han completado ningún ciclo educativo, y el 4’3% de los niños en edad escolar no están escolarizados.
Esto contrasta con la visión idílica de la realidad que nos pretenden mostrar nuestros gobernantes de todas las administraciones. “España va bien”, “Andalucía imparable”….
Pero lo cierto es que nuestros políticos y gobernantes, mas allá de declaración de intenciones, no tienen en su agenda prioritaria el abordar la solución de la pobreza en nuestra tierra.
La estamos hablando de un castigo del cielo. Ni es verdad que no existan recursos para erradicarla. Sólo es cuestión de prioridades políticas, de ser capaces de poner en marcha actuaciones concretas orientadas a acabar con la marginación, la exclusión social y la pobreza. Recursos tiene de sobra nuestra sociedad y nuestra economía.
Pero las prioridades, los compromisos y los intereses son otros. Los pobres no interesan, no forman grupo de presión ni social ni política. Por eso las políticas económicas que se ponen en marcha quizás vayan destinadas a conseguir la famosa estabilidad o que el presupuesto tenga superavit. Pero son políticas económicas que perpetúan la desigualdad y hacen estructural la injusticia.
En el fondo no somos pocos los que pensamos que realmente están destinadas a eternizar el privilegio de los pocos y a multiplicar los beneficios de las grandes empresas, bancos y corporaciones. El escandaloso enriquecimiento de una parte de la sociedad mientras cientos de miles de personas pasan penuria atenta contra la dignidad humana y envilece el carácter social y democrático de nuestra sociedad.
Por eso, siempre insistimos en que poco tienen de “celebración” estos aniversarios de la Declaración Universal. En realidad quisiéramos que el Día Internacional de los Derechos Humanos fuera un motivo de reflexión para el conjunto de la sociedad y que los actos que se convoquen o las opiniones que se difundan se conviertan en una clara denuncia de la injusta realidad que nos ha tocado vivir. Y puedan servir para conseguir entre todos que realmente la Declaración Universal pudiera ser de verdad un instrumento de emancipación en ese “otro mundo posible” de paz, de justicia y de solidaridad.