2019, 18 de junio. Publicado en eldiario.es

El New York Times, un periódico de referencia en medio mundo, ha decidido retirar sus tiras satíricas internacionales tras las presiones del lobby sionista por haber publicado una caricatura de Benjamin Netanyahu con Donald Trump. Estrechando los marcos de la libertad de expresión, el NYT claudica lamentablemente ante el Estado de Israel, y nos sitúan descarnadamente ante los límites de un periodismo cada vez más sometido a los verdaderos poderes fácticos.

El largo brazo de Israel y sus intereses ya, lo pudimos percibir en España, cuando en febrero de 2014 se votó en el Congreso (por la vía rápida y conjuntamente por el PSOE y el PP) la limitación de la capacidad de los jueces españoles de investigar y procesar delitos bajo el paraguas de la ley de jurisdicción universal. Justo cuando una de las querellas presentadas trataba sobre los bombardeos cometidos por Israel la medianoche del 22 de Julio de 2002 y que costaron la vida a un miembro de Hamás, a su guardaespaldas y a 14 civiles palestinos (entre los que se contaban ocho niños).

Uno no es de natural conspiranoico, pero la capacidad del Estado de Israel para limitar la acción de los gobiernos de todo el mundo en la condena de sus tropelías contra las personas palestinas es cada vez más evidente. La Unión Europea es un ejemplo viviente: siempre entre el quiero y “no puedo”, siempre sin salirse de la mera condena moral a las terribles acciones del Estado de Israel, pero nunca cuestionando los acuerdos de asociación preferenciales ni, mucho menos, tomando medidas concretas de sanción por la flagrante violación de los derechos humanos.

Pero quizás sea menos conocido que el Estado de Israel mantiene una red de organizaciones y entidades generosamente apoyadas para rastrear cualquier actuación o posicionamiento que consideren perjudiciales para sus intereses, que puedan visibilizar la realidad que hay tras su propaganda o simplemente acciones básicas de solidaricen solidaridad con el pueblo palestino. Y ello tanto en el ámbito de administraciones, empresas o sociedad civil.

Estas entidades instrumentalizan la lucha contra la discriminación, de combate antirracista, de denuncia del antisemitismo o de cooperación para la paz. Es el caso en España, por ejemplo, del llamado “Comité legal para la lucha contra la Discriminación” o la asociación “Acción y Comunicación sobre Oriente Medio”, que curiosamente declaran en su página que “Nos inspiran valores universales: la defensa de los DDHH, las sociedades democráticas, las libertades civiles y el estado de derecho”.

Evidente DDHH que, dadas sus actuaciones, no consideran que deban alcanzar al pueblo palestino. En realidad, tanto ACOM como CLLD son instrumentos del Estado de Israel, una de cuyas misiones es presentar recursos y querellas judiciales (dedicando cuantiosos fondos para ello) contra las instituciones públicas que asumen la solidaridad con el pueblo palestino, contra activistas del ámbito de la solidaridad, y también contra organizaciones sociales, como últimamente la APDHA.

Pero no nos dejemos engañar. Por más que tergiversen y mientan, esto no va de antisemitismo, ni va contra el pueblo judío, ni contra las personas nacionales de Israel. Las actuaciones del movimiento solidario con Palestina denuncian al Estado de Israel por incumplir una a una todas las resoluciones emitidas por la ONU, por bloquear a Gaza y convertir a sus pobladores en rehenes condenados a una situación extrema de supervivencia, por vulnerar diaria y sistemáticamente los derechos de las personas palestinas, por construir y ampliar asentamientos y muros ilegales… En suma, por llevar a cabo un proyecto de apartheid y genocidio progresivo sobre el pueblo palestino. Eso es lo que denunciamos del mismo modo que cuando cualquier colectivo o persona de religión judía sufre el odio antisemita cuenta también con nuestra solidaridad.

En Cádiz, perfectamente coordinadas ambas entidades sionistas, han iniciado procedimientos contencioso-administrativos contra la APDHA y contra numerosos ayuntamientos de la provincia, que se solidarizaron con Palestina a través de la campaña ELAI. Otros muchos ayuntamientos en el resto del país también han sido demandados.

Es obvio que se trata de una estrategia perfectamente orquestada que atenta directamente a  la soberanía municipal y tiene por objetivo acogotar la labor de Asociaciones como la APDHA que mantienen desde sus inicios un compromiso específico con los DDHH del pueblo palestino, a la par que criminalizan a activistas individuales por participar en acciones de boicot a través de redes sociales (https://www.elsaltodiario.com/represion/las-8-encausadas-por-defender-los-derechos-del-pueblo-palestino-se-han-acogido-a-su-derecho-a-no-declarar).

Es curioso el uso torticero en estas denuncias de tipos penales como el artículo 510, pensados para la protección de colectivos vulnerables frente a la discriminación y el delito de odio, y que aquí es utilizado para intentar asfixiar  y penalizar a quienes precisamente denuncian las vulneraciones de los derechos humanos, en este caso el intento de genocidio progresivo y el apartheid del pueblo palestino, que eso sí podría considerarse delito de lesa humanidad impulsado por el supremacismo sionista.

Por tanto, no resulta tan sorprendente la admisión a trámite por el juzgado de Instrucción nº 1 de Cádiz de esta querella contra la APDHA y el Ayuntamiento, que no deberían encontrar en el ámbito jurídico un canal para la represión de acciones basadas en valores de solidaridad y apoyo para la defensa colectiva frente a la violencia y violación de derechos. Y no es sorprendente, por cuanto una parte del poder judicial (sobre todo su cúpula) se ha independizado de las leyes y la constitución y se ha tirado al monte y está consiguiendo con sus juicios y sentencias poner en peligro principios básicos -que creíamos sólidos- de la propia democracia y el estado de derecho.

Así que ya resulta difícil aventurar en resultado de estos procesos que en pura lógica jurídica debían ser archivados. Pero, independientemente de estos alucinantes procedimientos penales o administrativos, la APDHA, al igual que innumerables colectivos de todo el territorio español, reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos de quienes padecen sus violaciones, entre ellos el pueblo palestino, que ninguna causa penal logrará debilitar