Pobreza energética y rapiña de las eléctricas

2018, 4 de junio. Publicado en La Voz del Sur

Los actos que comienzan en Cádiz con motivo de la Semana Europea de la Energía Sostenible, traen de nuevo  a la actualidad el problema de la Pobreza Energética que sufre una buena parte de nuestra sociedad. Un concepto sobre el que no hay consenso en cuanto a su definición y menos en cuanto a los indicadores para medirlo. Pero que sí podríamos acordar que la pobreza energética refleja la incapacidad de un hogar de hacer frente al coste de sus necesidades energéticas básicas.

Se trata de un tema recurrente en Cádiz. Lo viene planteando la Mesa contra la Pobreza Energética y la lucha que lleva por conseguir que se ponga en marcha en Bono Social de Eléctrica de Cádiz.

Pero la lucha contra la pobreza energética malamente se acaba o se circunscribe a la puesta en marcha de bonos sociales que impidan que una familia con dificultades se vea privada del derecho a la luz porque le corten el suministro eléctrico.

Porque efectivamente los suministros básicos como agua y electricidad son considerados por los pactos internacionales como derechos humanos tan importantes y muy vinculados al derecho a disponer de un techo digno; pues habrá que convenir que difícilmente se puede considerar que una vivienda es digna si no se pueden acceder a dichos suministros. Así lo planteó en su día, ya en 2013, la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna en su Manifiesto “La luz y el agua son un derecho” que apoyaron 87 colectivos sociales de Cádiz.

Es un derecho humano recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes (Art. 1.1): “El derecho a la seguridad vital, que supone el derecho de todo ser humano y toda comunidad, para su supervivencia, al agua potable y al saneamiento, a disponer de energía y de una alimentación básica adecuada, y a no sufrir situaciones de hambre. Toda persona tiene derecho a un suministro eléctrico continuo y suficiente y al acceso gratuito a agua potable para satisfacer sus necesidades vitales básicas”.

Pero la realidad es muy distinta. Se trata de uno de tantos derechos conculcados en este país.

Según el estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales de 2018 “Pobreza Energética en España”, la pobreza energética sigue siendo una realidad que afecta a una proporción significativa de hogares que residen en España. Así, en 2016, el 15% de de la población residente en España, unos 6,8 millones de personas se declaraba incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses fríos, muy por encima de la media europea, pese a que las temperaturas en general son en España mucho más benignas.

Las cuatro Comunidades Autónomas con mayor grado de pobreza energética son, por este orden, Castilla – La Mancha, Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, según este estudio. Y ello pese a que son regiones más cálidas que el promedio del país. Ello nos indica que no es el clima sino los niveles de ingresos o el sistema de protección social los que son más decisivos en la pobreza energética.

En Cádiz no tenemos estudios precisos sobre la incidencia de la pobreza energética. Un indicador puede ser que las ayudas al pago del recibo de la luz por los servicios sociales del Ayuntamiento alcanzan entre los 400 a 600.000 euros anuales, afectando a unas 2.000 familias

Y un dato aún más terrible: la pobreza energética en España es desde hace años una causa de muerte más significativa que los accidentes de tráfico, según el estudio citado de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). Según el mismo, el promedio de víctimas de accidentes de tráfico entre 1996 y 2014 es de 4.082 muertes anuales, mientras que la pobreza energética causa un promedio de 7.100 muertes al año.

La pobreza energética no es al fin y al cabo sino otra cara de la pobreza y de la exclusión social, consecuencias de un sistema depredador profundamente injusto que prioriza el mercado y los beneficios sobre los derechos de las personas. En ella inciden sin duda el paro, los trabajos en absoluta precariedad, la ineficiencia energética de las viviendas o la desestructuración familiar.

Pero también influye en la pobreza energética de nuestros hogares -y mucho- el coste de la desorbitada factura eléctrica en nuestro país. Quisiera detenerme un momento en este último aspecto.

En España, la electricidad es mucho más cara que la media europea. En 2016, el precio de la electricidad, según datos de Eurostat fue un 140,68% más costosa que el promedio de la Unión Europea. Desde 2009 el precio de la factura eléctrica de los consumidores domésticos ha subido más de un 80%, mientras los beneficios de las 3 mayores eléctricas en estos años no han dejado de crecer.

Según un Informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al tiempo que se incrementaban los beneficios anuales (que han pasado de 5.214 en 2013 a 5.471 millones de euros en 2016), también se han destruido en el mismo período el 9% del empleo, pasando de 9.877 a 8.990 trabajadores. Igualmente significativo resulta el incremento del margen de explotación durante el periodo (pasa del 26% en 2013 al 33% en 2016).

Tiene su lógica. Las grandes empresas de la energía se han convertido en el principal destino de las puertas giratorias de los políticos en este país. De Endesa son o han sido consejeros José Mª Aznar, Elena Salgado, Pedro Solbes, Miquel Roca; en Gas Natural Felipe González; en HC Energía, Ana Palacio; en Iberdrola Angel Acebes; en Acciona Javier Solana; en Abengoa Josep Borrell, Rafael Escuredo… por citar tan sólo a algunos de los políticos más conocidos.

Es evidente que con esta connivencia entre políticos y sector eléctrico es difícil impulsar cambios que no estén al servicio de los intereses de robo y rapiña de las grandes empresas del oligopolio. Ningún gobierno ha tenido el mínimo interés en enfrentarse a las mismas.

Pero la solución a la pobreza energética no puede pasar sino por cambios estructurales en el sector eléctrico que abaraten la factura en primer lugar, que actúen sobre la eficiencia energética de los edificios y viviendas, que fomenten el ahorro energético y que potencien de forma importante las energías renovables.

Las soluciones, pues, no pasan tan sólo por los bonos o las ayudas que no dejan de ser medidas coyunturales que de alguna forma paliarían de ponerse en marcha adecuadamente la situación angustiosa de muchas familias. Pero ni el bono estatal funciona, porque su gestión y ayudas son un desastre, y en Cádiz además no puede proporcionarlo Eléctrica de Cádiz. Ni podemos poner en marcha el bono social gaditano por el bloqueo impresentable del partido popular, al servicio como siempre de ´los intereses de los oligopolios.

Y en todo caso bueno sería concebirlos como un paso para que la gente no tuviera que ir mendigando ayudas ni tuviéramos que tener un aparato administrativo para conseguir las ayudas. Un paso hacia un mínimo universal garantizado para todos los hogares que debe ir a cargo de los beneficios de las empresas suministradoras. Bastante han robado ya.

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