Un año de incumplimiento de los derechos de la gente

2017, 29 diciembre. Publicado en La Voz del Sur

Llegadas estas fechas suele ser sana costumbre mirar atrás hacia el año que acaba, intentando hacer un balance de luces y sombres. En general suelen reflejarse los eventos políticos más relevantes (que este año no han sido pocos) sin extraer me temo demasiadas enseñanzas para el año que comienza. Me gustaría poner mi granito de arena en esta sana costumbre, pero desde otra óptica, la que me resulta más interesante y fructífera: la mirada de los derechos y la de su defensa.

Desde asa mirada resulta imposible aquí hacer un análisis exhaustivo del año que acaba, que me atrevo a señalar que ha sido altamente perjudicial para los derechos y libertades de las personas en este país. Algunos análisis publicados este año por organizaciones e instituciones muy solventes nos dan algunas pistas sobre ello.

Por ejemplo, la APDHA denuncia que la pobreza y la exclusión marcan el día a día de dos de cada cinco andaluces, y que un total de 3,5 millones de personas en Andalucía malviven ajenas a la supuesta recuperación económica publicitadas por los Gobiernos central y autonómico, que ni siquiera vislumbra la mayor parte de la población. Al contrario, la pobreza y la exclusión social se mantienen y en algunos casos se acrecientan.

Sin duda la principal puerta a la pobreza y a la exclusión es el paro que, pese a los datos pretendidamente optimistas del gobierno, sigue siendo insoportable. Uno de cada cuatro parados en España es andaluz. De las 15 ciudades con mayor tasa de paro de toda España, nada menos que 13 son andaluzas, de ellas 6 gaditanas y 4 a la cabeza, según los Indicadores Urbanos del INE.

No es preocupante el paro tan sólo por estos alarmantes datos, sino además porque resulta que el publicitado empleo creado por el Gobierno es de tan baja calidad, es tan precario e inestable, que millones de personas que lo consiguen no pueden acceder a una vida digna.

Pero junto a la pobreza y la precariedad convive la mas indecente y escandalosa riqueza, porque España se sitúa a la cabeza de la desigualdad en Europa, según un informe publicado por la poco sospechosa Comisión Europea más desigual de toda la Unión Europea.

Altamente preocupante es que el 58% de las personas desempleadas en Andalucía según el SEPE son mujeres. Un dato que no podemos olvidar pero que no es el único. Las mujeres según UGT cobran de media un 15% menos al año que los hombres, lo que significa, dice el sindicato, que trabajan 54 día al año de forma gratuita. Las principales causas de la brecha salarial son la discriminación directa, las dificultades para conciliar vida familiar y laboral, los distintos tipos de trabajo realizados y el llamado techo de cristal, que hace referencia a las barreras invisibles que numerosas mujeres deben hacer frente para conseguir un ascenso.

La violencia contra las mujeres que no cesa. La violencia cotidiana, las agresiones o violaciones, siguen siendo una realidad que nos rodea en esta sociedad. Y la peor de todas, la vida de las mujeres que se ha llevado la violencia machista. Al menos 917 mujeres muertas en los últimos 14 años, 45 víctimas mortales este 2017 según el recuento oficial, que la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres eleva a 78. Sea como sea, se trata de una cifra terrorífica que es respondida con poco más que grandilocuentes declaraciones y minutos de silencio que intentan esconder que el gobierno ha recortado los presupuestos contra la violencia hacia la mujer en más de un 26%.

Otro de los ejes que marcan la silueta de degradación de los derechos humanos en Andalucía es la emergencia habitacional que padece la comunidad. Estamos hablando de miles de viviendas vacías y miles de familias que no pueden acceder a una vivienda digna. Estamos hablando de desahucios que no sólo no han descendido, sino que se han incrementado en Andalucía, pasando, según el Consejo General del Poder Judicial, de 26,2 diarios de media en 2016 a 30,6 en el primer semestre de 2017. Estamos hablando del no reconocimiento de derecho subjetivo de tal forma que, al contrario de educación o sanidad, la vivienda no es un derecho exigible por la gente, sino un derecho sólo declarado. Estamos hablando de una prioridad teórica, la de la promoción del alquiler, frente a una realidad práctica, la de presupuestos insuficientes y ayudas que nunca llegan o se pagan cuando seguramente ya han dejado de tener utilidad.

Si de derechos violentados tendríamos que referirnos también a los de las personas migrantes y refugiadas. Y no es lo peor que se haya incrementado el número de llegadas de personas irregularmente a nuestro país: según la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), sin contar el mes de diciembre han llegado a España más de 21.100 migrantes por vías irregulares, un 140% más que en el mismo periodo del año anterior. Lo peor es el trato que reciben, indigno de la sociedad democrática que proclamamos ser. Porque todo vale contra los migrantes, tanto en España como en los países limítrofes como Marruecos con nuestro apoyo. Es una especie de guerra en la que los tratados internacionales y los derechos humanos han sido declarados en suspenso por nuestro gobierno y la Unión Europea. Lo peor es también que, como consecuencia directa de esa política inhumana cientos de personas pierdan la vida en el intento. Cientos si no miles para los que no existen ni unas palabras gubernamentales en un triste funeral.

En este repaso forzosamente muy incompleto no podría dejar de poner de relieve el deterioro de nuestra calidad democrática, pues una sociedad democrática es a la vez un derecho humano y una garantía para que se cumplan.

En efecto, sigue sin ser derogada la llamada “ley Mordaza”, con sus 285.000 multas en los primeros dos años de vigencia y la criminalización de la protesta social. Se han producido actuaciones intolerables por las fuerzas policiales contra el ejercicio de derechos democráticos. Siguen produciéndose acciones judiciales incompatibles con el respeto a la libertad de expresión que es correlato de la vigilancia y persecución en las redes sociales por parte de las fuerzas de seguridad.

Y es que, como percibe claramente la ciudadanía, el sistema judicial está infectado. Ya no existe apenas separación de poderes, los jueces son nombrados o depuestos por afinidad política por el gobierno y la justicia que se aplica es fundamentalmente ideológica y clasista. Avanzamos imparablemente hacia un sistema político/judicial crecientemente autoritario y represivo.

Un sistema que quizás sea capaz de generar adhesiones de sectores sociales unidos por el grito enfervorizado de ¡a por ellos!, pero que para otros muchos aparece como profundamente podrido por la corrupción -convertida en estructural en el PP y en gobierno- y la simbiosis con los poderes financieros y económicos. Y sin embargo el estado ni puede ni debe hacer dejación del cumplimiento de los derechos en favor y en connivencia de esos poderes económico-financieros

Ciertamente ha sido pues un año en el que los derechos no sólo no se han observado, sino que incluso podemos alarmarnos ante su retroceso y la osadía con que los vulneran los que debieran ser los garantes de su cumplimiento.

Aunque también haya signos esperanzadores, que vienen de entre la gente. De lo que me gustaría hablar en otro próximo artículo.

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