2015, 15 de diciembre. Viva Conil.
Se acaba de conmemorar (el pasado 10 de diciembre) el 67 aniversario de la proclamación por la ONU de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son muchos los que quisieran preparar el funeral y enterrar la Declaración Universal. Porque nunca como hoy se incumplen de forma tan flagrante los Principios de la Declaración Universal.
Toda la arquitectura internacional de protección de los derechos humanos, está siendo no sólo vulnerada, sino abiertamente cuestionada por países y los sectores más poderosos del planeta. Ello se ha visto de forma clara en la gestión de la llamada crisis de los refugiados, donde una de las piezas fundamentales del Derecho Internacional Humanitario, la Convención de Ginebra, ha sido convertida en papel mojado.
En el ámbito más cercano las políticas desarrolladas ante la crisis por el gobierno han supuesto importantes recortes que han destruido derechos consolidados y vulnerado derechos fundamentales. Y ello se ha extendido a todos los artículos de la Declaración Universal: los derechos económicos y sociales (pobreza, desigualdad, dependencia, pensiones, salud, enseñanza, vivienda, inmigración y refugiados…), como a las libertades civiles y políticas (sistemas penales, cadena perpetua, libertad de expresión, ley mordaza, corrupción galopante, deterioro de la calidad de nuestra democracia…)
Nunca desde la caída de Franco se ha producido una destrucción tan acelerada de los derechos de la sociedad y de las personas, pues han primado los del sistema financiero y los de los ricos y poderosos de nuestro país
El Día Internacional de los Derechos Humanos ha coincidido con la campaña electoral para las elecciones del 20 de diciembre. Y no nos parece percibir entre muchos de los partidos que se presentan a las elecciones una suficiente preocupación por las vulneraciones de derechos humanos señaladas que se producen en nuestro país. Generalidades con propuestas ambiguas jalonan los programas de muchos partidos. Y la campaña electoral está sirviendo poco para aclararlo.
Parece pues necesario, ante la actual situación de recorte de derechos, que la ciudadanía exijamos un compromiso explícito de los partidos que se presentan a las elecciones, para el respeto de los derechos humanos y por tanto para renunciar a las políticas que los vulneran y, por el contrario, para implementar aquellas otras que los desarrollan y cumplen.