2012, 20 de agosto. Con Antonio Vergara
“Reformas estructurales, ajustes fiscales, rescates financieros, prima de riesgo… Asistimos a un bombardeo intenso de conceptos técnicos difícilmente comprensibles para la mayoría de la población, que esconden tras el velo de los discursos mediáticos dominantes, una verdadera intención de ocultación del significado real de esas medidas, que configuran en realidad un ataque sin precedentes a la democracia y el bienestar de los ciudadanos” (Javier Camacho, Departamento de Ciencia Política y Sociología. Universidad Carlos III de Madrid. En “El IV Reich, nuevatribuna.es, 15 Agosto 2012).
Estas son las claves. La economía especulativa, que es el dogma de los mercados, está aprovechando la crisis generada por la banca para lanzar un ataque frontal contra los servicios públicos que han generado un cierto bienestar social en algunos países, entre los que se encuentra España. Con estos objetivos han conseguido, de forma penosa, maniatar a los gobiernos democráticos y que sean las agencias de calificación (que no representan a los ciudadanos y por lo tanto no defienden sus intereses) las que en la realidad están gobernando y tomando las decisiones políticas.
Sólo en este contexto se entiende la contrarreforma sanitaria que persigue el gobierno de la nación. Teníamos un Sistema Sanitario Público universal, gratuito y equitativo, prestigiado a nivel internacional y ya en estos momentos lo hemos tumbado: ya no atiende a todos los ciudadanos procurando el derecho a la Salud que es irrenunciable, y ya no es gratuito para todos. La cuestión fundamental es conocer y defender que para conseguir que el sector público sea sostenible no sólo hay que actuar sobre los gastos, con recortes y más recortes hasta destrozarlo (¿será el objetivo fundamental?), sino que hay que intervenir sobre los ingresos, es decir, sobre las recaudaciones, obviamente de los que más tienen: esa es la esencia de una sociedad justa y solidaria socialmente.
Se insiste y se nos trata de convencer de que no hay otras posibilidades para el sostenimiento del sistema que los recortes. Nos presentan como irremediable, imposible de evitar, el cobro de unos pocos euros a personas mayores muy desprotegidas y con escasos recursos para conseguir las medicinas que necesitan o el despedido de profesionales eventuales que trabajan a destajo en beneficio del sector público o la limitación de las prestaciones. Y al mismo tiempo, se tolera el fraude fiscal (que en España es escandaloso con respecto al resto de países europeos) y se organiza una amnistía fiscal para los que llevan años defraudando que se puede ampliar para beneficiar al defraudador que va a pagar mucho menos impuestos que los ciudadanos decentes. Así, las grandes fortunas y grandes empresas no han notado ningún inconveniente en esta larga crisis, y etc., etc.
Las medidas que se están imponiendo: privatizaciones, recortes, copagos, etc., además de injustas e inhumanas, son ineficaces. incluso desde la perversa perspectiva de la cuenta de resultados. Han sido probadas en otros países desde hace muchos años sin ningún resultado. Muchas voces cualificadas lo vienen señalando, entre ellas, Vicente Navarro, lleva años demostrando todos estos aspectos con estudios y evidencias científicas ¡No debemos aceptar que cuando un político opine algo sin aportar pruebas y lo repita muchas veces se convierta en dogma de fe!
El colmo del desastre en la toma de estas decisiones inhumanas e inútiles lo estamos contemplando perplejos con la atención a los inmigrantes sin documentación; primero directamente no se atenderán, salvo en urgencias o embarazo. Este planteamiento es del todo incomprensible no sólo desde el punto de vista humano sino también sanitario: cualquier enfermedad, abandonada a su evolución sin atención adecuada termina matando a la persona afectada o bien obliga a remitirla a urgencias. Además existe el problema de Salud Pública de que algunas enfermedades infecciosas no controladas en la comunidad pueden suponer un riesgo de transmisión.
Cuando se manifiesta con claridad el amplio rechazo social que genera esta decisión, modifican el planteamiento y ahora es el médico el que decidirá cuando una enfermedad es crónica (lamentable). Finalmente, se propone que personas con graves problemas socioeconómicos paguen unas cuotas sustanciosas para ser atendidos o bien que las paguen sus países de orígenes, con el mismo esquema que las empresas privadas aseguradoras. Es absolutamente falso que los inmigrantes sin papeles no realicen aportaciones económicas para mantener la sanidad pública (argumento con el que se pretende que la población apoye el que se les retire el derecho a la atención sanitaria), ya que la financiación sanitaria se realiza en gran parte con una serie de impuestos que gravan el consumo en las diferentes Comunidades Autónomas, consumo que también realizan los inmigrantes.
Exigimos, pues, mayor responsabilidad, mayor nivel de evaluación técnica previa y mayor nivel de humanidad a nuestros gobernantes y menos sujeción de hierro a los intereses especulativo, de la banca o de los grandes capitales. Porque existen alternativas, pese a que nos bombardeen diariamente para convencernos de que no hay otra salida. Con esta dinámica lo que está consiguiendo es que los ciudadanos no sólo dejen de creer en los políticos sino que desconfíen de la política.
La Salud es un derecho de toda persona, sea cual sea su condición social, laboral, económica o sea cual sea su sexo, etnia, religión o situación administrativa. La salud, por el contrario no puede ser considerada como un negocio, tasado en resultados económicos y beneficios. La movilización ciudadana y la información son fundamentales para hacer frente a este enorme retroceso en los derechos humanos al que estamos asistiendo.
Antonio Vergara. Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública
Rafael Lara. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía