2006, 5 de abril. Noticias locales.
Contrasta el revuelo que se está originando en los pasillos de la Corte en torno al posible voto de los inmigrantes con la muy escasa repercusión que tuvo en Cádiz el debate entre los partidos sobre este tema y el derecho a la ciudadanía. Y se trata, sin embargo, de una cuestión crucial, que va a estar presente sin duda alguna en el debate social y político de los próximos años. Nos plantea un problema de fondo y un reto de futuro, de un futuro muy cercano que ya despunta en la creciente presencia de chicos y chicas, hijos de inmigrantes, en nuestros institutos
El Congreso aprobó recientemente una proposición de Ley en la que insta al Gobierno a dar los pasos necesarios para que se avance en el reconocimiento del derecho al voto a los inmigrantes. Se trata de un avance, pero bastante tímido, que no termina de asumir de verdad lo que está en el fondo de esta cuestión. A saber, que millones de personas viven y trabajan como todos los demás, pagan sus impuestos, tienen sus familias, llevan sus hijos al colegio y forman parte de nuestra sociedad…. pero a los que, sin embargo, no se les reconoce el derecho de ciudadanía plena. Son considerados personas de segunda categoría.
Esta desigualdad de derechos tiene consecuencias bien problemáticas. Por un lado desde un punto de vista pragmático, tendríamos que convenir que si se priva de los derechos políticos a los inmigrantes residentes sus necesidades, anhelos y propuestas no cuentan en el ámbito institucional. Como no votan, y dado el funcionamiento del sistema, no son tenidos en cuenta por los partidos políticos. En estas circunstancias, el ejercicio de otros derechos (sociales, culturales, de igualdad…) y sus condiciones de inserción resultan disminuidos.
Más importante si cabe es que esta exclusión condiciona el carácter democrático de nuestra sociedad. Porque la negación de los derechos políticos a personas que viven en el país desde hace años, trabajando, formando familias y pagando sus impuestos, contradice los valores básicos de la democracia.
En efecto, el derecho al voto, y su sucesiva ampliación, fue uno de los elementos del proceso que transformó los regímenes liberales del siglo XIX en las democracias occidentales del siglo XX. Inicialmente, el sufragio sólo alcanzaba a los ricos, excluyendo a las mujeres y a los no propietarios. La consecución del derecho de voto fue una de las banderas del primer movimiento obrero, como también de las valientes sufragistas. Las mujeres estuvieron excluidas de este derecho hasta la década de los años 30 y 40, en buena parte de Europa (en España se conmemora ahora el 75 aniversario del derecho al voto a las mujeres durante la República). En rigor, sólo a partir de esa fecha, puede hablarse de “sufragio universal”. Actualmente, en nuestras sociedades ampliadas por la inmigración, se plantea el reto de actualizar nuevamente la “universalidad” que se proclama.
Ahora precisamente que se encuentra en pleno debate político la posibilidad de retocar la Constitución en determinados aspectos, nos atrevemos apuntar otra modificación necesaria: Habría que reformar el Art. 13.2 de la Carta Magna que hoy contiene una discriminación y una grave violación de ese principio de universalidad de los derechos para todas la personas independientemente de su origen.