El referéndum

2017, 27 de septiembre, publicado en Diario de Cádiz

Malos tiempos estos que vivimos cuando para mostrar la repulsa ante actuaciones gubernamentales que vulneran gravemente el estado de derecho, en Catalunya, hay primero que explicar lo que uno NO piensa. Y aun así lloverán todo tipo de descalificaciones virulentas, incluso ¡ay! personales.

Declaración de principios: me encuentro ideológicamente muy alejado de ideas nacionalistas que ponen el objetivo de la nación (comunidad) por encima de los individuos. Es más, desde una concepción universal de los derechos humanos, la construcción o caída de las naciones no me deja indiferente porque nada humano es ajeno, pero no constituyen para mí ni bandera ni guía para la acción. En una vuelta de tuerca, tengo serias dudas sobre el propio concepto de “derechos colectivos”, que en esencia entiendo que son derechos individuales que pueden ejercerse (o no) colectivamente.

Dicho esto, es evidente que sectores muy importantes, nada despreciables, de la sociedad catalana, lo ven de otra manera y es posible que para ellas la identidad nacional tenga una categoría o entidad superior al concepto de ciudadanía. No lo comparto, pero es una aspiración legítima, debe tener la oportunidad de expresarse democráticamente. Llámese si se quiere derecho a decidir.

Ejercicio de un derecho que para que tenga ese carácter democrático y pudiera tener valor vinculante, debe poseer una serie de garantías y requisitos democráticos que ya han sido avanzados por muchos acuerdos y convenciones internacionales, como es el caso de la de Venecia. El ejemplo canadiense y la resolución del Tribunal Supremo de ese país es muy sugerente al respecto.

Pienso que esos requisitos y garantías no se han cubierto por parte del gobierno catalán en el proceso de convocatoria del referéndum del próximo 1 de octubre. Cierto es que se puede aducir que ha sido la cerrazón del gobierno de Madrid la que ha impedido acordar y dialogar sobre los mismos, abocando a la mayoría nacionalista en el parlamento a la convocatoria que conocemos. En mi opinión eso es totalmente cierto, pero considero que no es excusa suficiente, pues la convocatoria tiene indeseables vicios democráticos de origen que, ante la obcecación del Estado, no era posible corregir, pero que tampoco el gobierno catalán demostró expresa voluntad de hacerlo.

En cualquier caso, ante la existencia de una parte mayoritaria de la población catalana que demanda la celebración de un referéndum [que no es igual a reclamar la independencia], la única respuesta del gobierno del PP ha sido esgrimir la Constitución como único argumento irreductible e inalterable, negándose a cualquier tipo de negociación. Cuando desde la sensatez era la única salida viable y democrática a la situación generada.

Más preocupante -desde el respeto a los derechos y libertades- es el giro autoritario y gravemente represivo del gobierno, utilizando descaradamente su poder judicial y apoyándose en una campaña mediática que azuza al enfrentamiento y a la adopción de medidas penales represivas, cada vez más lejanas al estado de derecho.

La respuesta del Estado español atenta directamente contra elementales derechos y libertades. No se concibe en un Estado de Derecho prohibir actos públicos o debates (y no sólo en Cataluña), detenciones políticas justificándolas en procesos abiertos años atrás, registro de periódicos e imprentas, movilización de miles de guardias civiles y policías, toma de las calles por las fuerzas del orden, intervención de las cuentas de la Generalitat, asalto a la sede de partidos políticos independentistas, control de los Mossos, etc…, prácticas todas ellas que profundizan en la grave deriva autoritaria y represiva que ya empezó a dar sus primeros pasos con la Ley Mordaza.

Es penoso tener que decirlo, pero hay que hacerlo: El PP es un verdadero problema, un auténtico obstáculo, para las libertades y derechos democráticos y parece que la solución y alternativas de futuro a los graves problemas que tenemos en este país (desde la articulación territorial a la corrupción, desde la cuestión social a los derechos y libertades), no van a venir de su mano. Por eso no se entiende muy bien que haya todavía partidos de izquierdas que apoyen estas actuaciones del PP cuyas consecuencias son realmente imprevisibles.

Desde luego el actual conflicto, pase lo que pase el 1 de octubre (y todos esperamos que no sea lo peor) sólo tiene salida desde la negociación y el diálogo para poder realizar un verdadero referéndum pactado y con garantías que es lo que reclama la mayor parte de la sociedad catalana. Pero -no nos equivoquemos- en Catalunya arriesgamos algo más que la solución al conflicto territorial: estamos poniendo en cuestión nuestro sistema de derechos y libertades individuales.

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