Algunas izquierdas se lo tendrían que mirar con Venezuela

Hay momentos en los que conviene volver a los principios, a aquello que sostiene una posición ética incluso cuando el mundo se vuelve confuso. Mi rechazo al imperialismo estadounidense es firme y no admite matices. La agresión de Washington contra Venezuela ha vulnerado el derecho internacional y lo sustituye por la ley del más fuerte, por los intereses exclusivos de Estados Unidos y por la lógica de los negocios privados de Trump y sus aliados y por una diplomacia de ultimátum. Ese camino no solo es injusto: supone la ruptura de un sistema basado en reglas y un grave peligro para la paz en el mundo

Pero sostener una condena contundente y la necesaria movilización social contra el imperialismo estadounidense no obliga a cerrar los ojos ante otros imperialismos. Rusia, por ejemplo, ha actuado de forma imperialista en Ucrania y en otros escenarios, y la invasión de 2022, que ha provocado una guerra que dura cuatro años con miles de víctimas, merece una condena clara sin ambages. Sin embargo, una parte de la izquierda sigue atrapada en un imaginario heredado de la Guerra Fría, un mundo dividido en dos bloques donde solo existe un imperialismo y donde cualquier actor enfrentado a Washington recibe apoyo automático. Ese campismo, que reduce la realidad a un blanco y negro imaginario y reduccionista, lleva a justificar o minimizar las prácticas autoritarias en países como Siria, Irán, Nicaragua o Venezuela. Y es precisamente en el caso venezolano donde conviene detenerse, porque el relato épico del “proceso bolivariano” oculta una realidad mucho más compleja.

El chavismo nació con una promesa de justicia social y redistribución. Durante los primeros años, con los precios del petróleo en niveles históricamente altos, el Estado pudo financiar programas sociales masivos que beneficiaron a amplios sectores de la población. Pero la estructura económica nunca se diversificó: Venezuela siguió dependiendo en más de un 90% de las exportaciones petroleras. Cuando el precio del crudo cayó en 2013, el modelo entró en crisis. La producción petrolera, que en 2013 rondaba los 2,5 millones de barriles diarios, se desplomó hasta los 779.000 barriles en 2023 según datos de la OPEP, en parte también por la mala gestión, la corrupción interna y la falta de inversiones sostenidas. La hiperinflación alcanzó niveles delirantes —más de un millón por ciento en 2018— y el salario mínimo quedó reducido a cifras simbólicas. El PNUD señala que en 2025 la inflación sigue siendo persistente y que la brecha entre ingresos y necesidades básicas de la población continúa siendo abismal.

Las sanciones estadounidenses agravaron el deterioro, pero no lo originaron: el colapso ya estaba en marcha mucho antes. Este deterioro estructural tiene raíces profundas: mala gestión, corrupción, desinversión en PDVSA, uso político del petróleo y una dependencia absoluta de un recurso volátil. El éxodo masivo —más de siete millones de venezolanos desde 2018— redujo la mano de obra cualificada y provocó una enorme fractura del tejido social.

A todo ello se sumó la militarización del Estado. La llamada “unión cívico-militar” convirtió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en un actor político y económico central. Los militares pasaron a dirigir ministerios, empresas públicas, puertos y proyectos mineros. Controlaron concesiones petroleras y redes de importación, y fueron decisivos en la represión de las protestas de 2014, 2017 y 2019. El régimen se sostuvo sobre un pacto con los militares: lealtad política a cambio de privilegios económicos.

Los informes del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos han documentado detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, persecución de opositores y periodistas, falta de independencia judicial e impunidad estructural. No se trata de propaganda occidental: son informes oficiales, reiterados y basados en documentación exhaustiva. La deriva autoritaria no es un invento: es un hecho.

Esta deriva se consolidó con el fraude electoral de 2024, reconocido por la inmensa mayoría de los actores independientes —observadores, organizaciones de derechos humanos y analistas—, menos los incondicionales del régimen.

En España, el debate sobre Venezuela está siendo especialmente enconado. Una parte de la izquierda sigue defendiendo el régimen bolivariano como si fuera el último bastión antiimperialista del planeta. En esos diálogos aparece siempre la misma dinámica: la descalificación personal, la negación sistemática de cualquier dato que no encaje con el relato oficial, la dependencia de fuentes únicas coincidentes con los gobiernos implicados, la imposibilidad de matizar. Todo se reduce a un “o estás conmigo o estás con el imperio”. Y cuando uno intenta introducir cifras, informes o testimonios, la respuesta es siempre la misma: “manipulación”, “propaganda”, “mentiras del enemigo”. Es un clima que hace casi imposible un debate racional y que revela una dificultad profunda para aceptar que un proyecto nacido desde la izquierda puede degenerar en autoritarismo y corrupción.

Resulta especialmente llamativo que ese apoyo monolítico al régimen venezolano no se resquebraje ante una evidencia incómoda: mientras mantiene una retórica antiimperialista, el propio gobierno de Venezuela ha aceptado acuerdos y condicionamientos que lo acercan a la política de Washington. La figura de Delcy Rodríguez como presidenta “encargada” forma parte de ese equilibrio pragmático: no solo gestiona la interlocución económica y diplomática en los términos que Estados Unidos considera aceptables, sino que además se encarga de garantizar el orden interno y la estabilidad del sistema. Esa contradicción, sin embargo, nunca parece inquietar a quienes defienden el relato oficial.

Particularmente preocupante me parece la negación de las víctimas (en Venezuela, pero también en Ucrania, Irán o Nicaragua), en una posición ética bastante incompatible con el ser de la izquierda y con los derechos humanos. La negación de las víctimas no es solo un error político: es una quiebra moral.

Pero una izquierda democrática no puede permitirse ese autoengaño. No puede renunciar a la crítica, ni a la defensa de los derechos humanos, ni a la pluralidad, ni a la verdad. No puede convertir el antiimperialismo en una coartada para justificar violaciones de derechos humanos. No puede apoyar a Putin, a Assad, a Ortega o a Maduro solo porque se presentan como enemigos de Estados Unidos. No puede seguir atrapada en un mundo que ya no existe.

La izquierda que aspire a transformar el mundo necesita principios sólidos y universales: democracia, justicia social, derechos humanos, igualdad, soberanía popular. Y esos principios deben aplicarse siempre, no solo cuando conviene. Venezuela no puede ser un tabú ni un símbolo intocable. Mirar de frente la realidad no debilita a la izquierda: la fortalece. La hace más honesta y más creíble. Venezuela es una herida abierta en el mapa de la izquierda. Una herida que no se cura con consignas ni con silencios, sino con verdad. Y la verdad es que ningún proyecto emancipador puede sostenerse sobre la represión, la corrupción o la mentira. Si la izquierda quiere volver a ser una fuerza de esperanza, tendrá que abandonar los viejos refugios del campismo, alejarse de visiones escleróticas y caminar junto a los pueblos que luchan por su dignidad. Ese es el único camino que merece la pena recorrer y el único que puede construir alternativas reales.